Arnoldo Yat Coc, Leonardo Crippa and William David.            Photo by Juan Manuel Herrera

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12 de Marzo de 2008

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WASHINGTON, D.C. - En audiencia celebrada el Lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas (Indian Law Resource Center - Estados Unidos), la Defensoria Q'eqchi' (Guatemala), y comunidades Maya Q'eqchi'(Guatemala) destacaron ante los Comisionados que el establecimiento de áreas protegidas con fines ambientalistas en Guatemala sin participación indígena viola normas de derechos humanos y ambiental.

La iniciativa relativa a la creación del área protegida Sierra Santa Cruz en tierras de comunidades Maya Q'eqchi' genera serias preocupaciones en torno a las tierras indígenas que serían administradas y controladas por una institución privada en representación del gobierno guatemalteco.  Este proyecto es uno de varios que buscan obtener el control de las tierras y los recursos naturales que los pueblos indígenas han poseído y usando tradicionalmente en Guatemala.

En la audiencia expusieron junto a Leonardo A. Crippa y William David, Abogados del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, 4 representantes de la Defensoria Q'eqchi' - Arnoldo Yat Coc, Maria Santos Ax Tiul, Carlos Antonio Pop Ac, Alfredo Cacao Ical - y un líder indígena, Elias Israel Pop Curul, quien representó a 43 comunidades indígenas afectadas por la iniciativa de área protegida.

"Las raíces del problema yacen en la falta del reconocimiento pleno por parte de Guatemala de los derechos colectivos de propiedad a la tierra y los recursos naturales, así como al auto-gobierno de los pueblos indígenas," resaltó Crippa ante la Comisión.  "Esto ha conducido a la vulnerabilidad de las comunidades Maya Q'eqchi' en la medida que facilita el despojo de sus tierras y recursos naturales lo cual amenaza su existencia cultural y capacidad para sobrevivir."

Elias Israel Pop Cucul señaló, "Nuestras abuelas y abuelos han protegido estas tierras y recursos naturales por un largo período de tiempo, y continuaran haciéndolo.  Nosotros no estamos en contra de las áreas protegidas, pero queremos continuar controlando y administrando nuestras tierras y recursos naturales de acuerdo a nuestra cosmovisión como Pueblo Maya Q'eqchi'.  Nosotros no necesitamos que alguien de afuera nos diga como cuidar nuestros recursos.  Yo estoy aquí para requerir el respeto de nuestros derechos colectivos y de nuestra forma de vida."

Maria Ax Tiul puntualizó ante la Comisión, "Nosotros somos hijas e hijos de nuestra Madre Tierra, llamada Ralch'och' en Q'eqchi'.  Esta iniciativa afectará seriamente nuestra relación especial con la tierra, así como las ceremonias tradicionales y el acceso a los lugares sagrados, actividades de la vida diaria, organización tradicional, estructuras políticas, y los derechos colectivos de nuestras comunidades."

A más de insistir que los derechos de los pueblos indígenas deben ser considerados en el diseño, establecimiento, y administración de las áreas protegidas, esta audiencia destacó la intersección entre estándares del derecho internacional ambiental, de derechos humanos y de los pueblos indígenas.

David, Abogado del Centro, indicó que no hay conflicto alguno entre el derecho ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.  La experiencia ha demostrado que la administración indígena es conducente a la conservación, destacó, citando ciertas prácticas en países tales como Ecuador, Colombia y Perú, donde la administración de las áreas protegidas ha sido realizada por los pueblos indígenas de acuerdo a sus propias cosmovisiones y sistemas tradicionales de tenencia de tierra.

El núcleo de estas amenazas es la falta de un reconocimiento adecuado por parte del Estado guatemalteco de los derechos territoriales de los pueblos indígenas por medio de la debida titulación y demarcación de sus tierras.  Crippa señaló que la iniciativa de área protegida viola los derechos de propiedad y el derecho a la libre determinación y auto-gobierno del Pueblo Maya Q'eqchi'.

"Congratulamos a Guatemala por su interés en la conservación y en la biodiversidad biológica, pero es tiempo de que Guatemala considere con seriedad los compromisos internacionales asumidos por medio de la reforma de su derecho interno a efectos de permitir la debida implementación de los principios de derecho emergentes de tales compromisos," señaló Crippa.

Crippa y su equipo legal continúan trabajando en pos del respeto íntegro por parte del Estado de Guatemala de los derechos territoriales del Pueblo Maya Q'eqchi'.  Carlos Antonio Pop Ac, Abogado guatemalteco de reconocida trayectoria académica y profesional, ha sido contratado para trabajar en el agotamiento de los recursos de jurisdicción interna.  El Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas se encuentra en plena preparación de un caso para abordar asuntos de fondo relativos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala.

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